En política, un año basta para marcar rumbo… o para confirmar que no lo hay. En Morelos, a un año del gobierno de Margarita González Saravia, la evidencia es clara: estamos frente a una administración sin dirección, atrapada entre la improvisación, la simulación y un gabinete que le ha costado más derrotas que aciertos.

La percepción ciudadana no miente. Basta con salir a la calle para sentir el miedo que provoca vivir en uno de los estados más inseguros del país. Según el Índice de Paz México 2025, Morelos cayó hasta el lugar 30 de 32: somos, en los hechos, uno de los estados menos pacíficos. En Cuernavaca, 8 de cada 10 personas dicen sentirse inseguros. Y no es percepción aislada: somos primer lugar nacional en feminicidios, robo de vehículo y despojo; segundo en homicidio doloso y extorsión; y seguimos acumulando desapariciones que en este semestre aumentaron un 52%.

A pesar del cambio de administración, la percepción de corrupción se mantiene en un alarmante 89%. Morelos encabeza los indicadores negativos en materia de corrupción e impunidad. Según el Índice del Estado de Derecho de la WJP, tiene una puntuación baja(0.29–0.35), cerca del fondo a nivel nacional. La más reciente visita de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, parece haber dado en el blanco, porque evidenció la situación de inseguridad y corrupción que existen en todo el estado. Esta vez cobró como víctima a Antonio Cortés Torres, agente del Ministerio Público que encabezaba la indagatoria contra el director del CERESO varonil de Cuautla, Gabriel Álvarez Mosqueta, señalado en repetidas ocasiones por actos de corrupción. Cortés Torres ya había advertido que existía protección desde el propio gobierno encabezado por Margarita González Saravia. Su asesinato no solo sacude a la sociedad, sino que confirma la podredumbre institucional que vivimos.

Mientras la dirigencia nacional de Morena habla de “buenos resultados” en seguridad, los datos muestran un escenario devastador. Y los ciudadanos lo vivimos todos los días: en el miedo al transporte público, en los negocios extorsionados, en la normalización de la violencia.

A esta crisis se suma otra: la económica. Solo en el primer semestre de 2025 Morelos perdió 1,729 empleos formales y los ingresos estatales cayeron 4.6% respecto al año pasado. Todo esto en un estado que carga con más de 6,400 millones de deuda y depende en 97% de recursos federales. En lugar de diseñar políticas serias de desarrollo, el gobierno se entretiene en proyectos como un nuevo centro de convenciones con recursos que deberían destinarse a detonar inversión y empleo.

Y si algo ha quedado claro en este año es que el gabinete ha sido más un lastre que un equipo. Casos como el de Fabiola Urióstegui, que desde el Instituto de Crédito firmó el desistimiento de un amparo contra el exgobernador Graco Ramírez, interpretado como una traición política; o el de Josué Fernández, que en apenas cuatro meses hundió a la Coordinación de Movilidad en una crisis que afectó a miles de ciudadanos que pasaban la noche afuera de las oficinas; o el de Andrés Bahena, defendido hasta que la presión obligó a removerlo; o el de Mirna Zavala, secretaria de Hacienda que dejó tras de sí un paquete económico mal diseñado, un endeudamiento desordenado y hoy enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito. A la lista se suma el actual secretario de Desarrollo Económico, José Víctor Sánchez Trujillo, que minimizó hasta el último momento los rumores del cierre de Nissan y nunca supo tender puentes con el sector empresarial.

La historia se repite: primero se les defiende, después se les justifica y, cuando el daño ya está hecho, se les remueve. Esa práctica no solo desgasta, también erosiona cualquier discurso de transparencia y alimenta la percepción de complicidad e impunidad.
En ese contexto llegó la noticia del cierre de Nissan Civac, quizá la herida más dolorosa para la economía morelense en décadas. Y aunque el gobierno estatal insista en decir que se trata de “decisiones globales”, lo cierto es que fue incapaz de anticipar y preparar la transición de miles de familias que hoy enfrentan la incertidumbre. Negar las advertencias, minimizar los rumores y reaccionar tarde no es política, es negligencia.

Los resultados están a la vista: inseguridad al alza, corrupción enquistada, desempleo, falta de rumbo económico, un gabinete sin credibilidad y un Estado atrapado en la opacidad. No es casualidad que la gobernadora se ubique ya en el lugar 30 de 32 en aprobación a nivel nacional, con apenas 41.5%. Morelos no necesita discursos maquillados ni simulaciones. Necesita liderazgo, resultados y un gobierno que asuma su responsabilidad. El primer año de González Saravia no solo está perdido: nos ha llevado varios pasos atrás. Y ese es un lujo que Morelos no se puede permitir.