Jesús Ramírez 

Politólogo por la Universidad Autónoma del estado de Morelos

CON LOS CACIQUES TRANSPORTISTAS, TODO; CON EL PUEBLO DE MORELOS, NADA:

Tal parece que la bandera de la 4T, “Por el bien de todos, primero los pobres”, sólo se ondea en tiempos electorales. Una vez en el poder, muchos gobiernos olvidan el principal lema con el que hicieron campaña, utilizándolo únicamente como herramienta discursiva para atraer el voto de los sectores más vulnerables del país. Ejemplos sobran; sin embargo, uno de los casos más recientes y representativos es el de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

El pasado martes 12 de mayo, ante las presiones de los líderes transportistas Dagoberto Rivera Jaimes, Aurelio Carmona Sandoval y Mauro Rivera de la Cruz, señalados por diversos sectores como los caciques del transporte público en la entidad, el Gobierno del Estado aprobó de manera exprés el aumento a la tarifa del transporte público, sin estudios técnicos ni sustento jurídico que respaldaran la decisión.

En esta ocasión, las opiniones ciudadanas y, sobre todo, las de los sectores más vulnerables que tanto aseguran defender, quedaron en el olvido, pues no fueron tomadas en cuenta para la aprobación de la nueva tarifa. Precisamente ahí radica el malestar social: en un aumento decidido sin escuchar a la ciudadanía y que afecta directamente a más del 40% de la población de Morelos que depende diariamente del transporte público.

Además, la ciudadanía morelense ha señalado duramente a los tres líderes transportistas, ya que han permanecido por más de dos décadas ocupando posiciones clave dentro del gremio transportista, situación que ha permitido la concentración del control del transporte público en unas cuantas manos y el fortalecimiento de prácticas cercanas al monopolio.

DISCURSO CON PROMESAS RECICLADAS PARA JUSTIFICAR EL AUMENTO:

Durante su discurso, la administración estatal anunció con bombo y platillo un nuevo programa social que contempla otorgar transporte público gratuito a adultos mayores de 65 años, estudiantes de nivel medio superior y superior, así como a personas con capacidades diferentes. Sin embargo, omitió informar un aspecto fundamental: las reglas de operación del programa.

Dichas reglas no son un simple trámite burocrático; son indispensables para garantizar que los recursos públicos se ejerzan con eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. La ausencia de estos lineamientos no sólo genera incertidumbre sobre la viabilidad del programa, sino que también evidencia la improvisación con la que fue aceptado un nuevo incremento a la tarifa del transporte público.

Ante este nuevo programa social, el señalamiento ciudadano es evidente: los transportistas pocas veces respetan los descuentos a los que, por derecho, acceden adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad en las tarifas del transporte público.

Además, con cada aprobación de un aumento al pasaje, las autoridades prometen mejoras en el servicio y cambios de fondo que nunca llegan. Al final, las supuestas soluciones terminan reducidas a promesas recurrentes dentro de los discursos políticos, mientras los usuarios continúan enfrentando las mismas deficiencias de siempre.

UNA TARIFA MÁS ALTA PARA PAGAR COMPROMISOS POLÍTICOS:

La decisión improvisada del Gobierno del Estado de Morelos de aprobar el aumento a la tarifa del transporte público responde más al pago de compromisos políticos que a un verdadero análisis técnico o social. A lo largo de las campañas electorales, el transporte público ha sido históricamente utilizado como una herramienta de movilización política y acarreo de personas, una práctica heredada desde el siglo XX durante los gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que, en la actualidad, continúa siendo utilizada por distintos partidos políticos.

Sin embargo, la influencia del gremio transportista no se limita únicamente a las movilizaciones. También representa una importante estructura de operación electoral, capaz de movilizar simpatizantes y respaldar políticamente a quienes atiendan sus exigencias. Bajo esta lógica, resulta inevitable observar que el gobierno encabezado por Margarita González Saravia mantiene la mirada puesta en las elecciones de 2027, cuando se renovarán las 36 presidencias municipales, el Congreso local y diversas magistraturas del Tribunal Superior de Justicia.

Con este contexto, se entiende por qué el aumento a la tarifa fue aprobado de manera precipitada. La realidad es contundente: los morelenses parecen ser irrelevantes en la toma de decisiones gubernamentales. Así ha quedado demostrado no sólo con el aumento al transporte público, sino también con la crisis de inseguridad que atraviesa el Estado y que recientemente derivó en la salida de Miguel Ángel Urrutia Lozano como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En Morelos, quedó claro que cuando los transportistas presionan, el gobierno responde; pero cuando la ciudadanía exige, simplemente no es escuchada.