Jesús Ramírez 

Politólogo por la Universidad Autónoma del estado de Morelos

EL TRANSPORTE PÚBLICO EN MORELOS: MÁS CARO Y SIN MEJORAR, OTRO GOLPE AL CIUDADANO.

En los últimos días, el posible aumento a la tarifa del transporte público en Morelos no solo ha ocupado la agenda pública, sino que ha encendido la indignación ciudadana. Diversos líderes transportistas presionan para incrementar cinco pesos la tarifa mínima, escudándose en el alza de ocho pesos en el diésel durante los últimos cinco años.

Sin embargo, esta exigencia resulta difícil de justificar frente a una realidad evidente: durante años han impulsado aumentos sin asumir la responsabilidad de mejorar el servicio. Hoy, una vez más, pretenden elevar el costo sin considerar a los usuarios, mientras la calidad, la seguridad y la eficiencia del transporte siguen sin estar a la altura de lo que la ciudadanía merece.

Basta recordar el último incremento a la tarifa, ocurrido en agosto de 2021. Sin previo aviso, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos autorizó un aumento de dos pesos, en medio de la pandemia por COVID-19 y a escasos días del regreso a clases, una decisión que generó un profundo malestar social.

Y ese malestar no es casual, responde a una experiencia cotidiana marcada por unidades en malas condiciones, falta de mantenimiento, inseguridad y un trato deficiente hacia los usuarios. A ello se suma una práctica particularmente preocupante: el incumplimiento de los descuentos para adultos mayores y personas con discapacidad, evidenciando no solo fallas en el servicio, sino una falta de respeto hacia los sectores más vulnerables.

A esta problemática se suma otro elemento relevante, la falta de información pública confiable. De acuerdo con datos disponibles del INEGI, Morelos no cuenta con estadísticas comparables en materia de transporte público, en gran medida porque el sistema sigue operando principalmente a través de rutas concesionadas de combis y camiones bajo esquemas fragmentados. Esta situación limita la posibilidad de evaluar con precisión la calidad del servicio y dificulta la transparencia en la toma de decisiones.

Este nuevo aumento no es otra cosa que un golpe directo al ciudadano, pues llega en un contexto en el que la economía de miles de familias ya está al límite, obligando a muchos a pagar dos o más pasajes diarios para trabajar o llevar a sus hijos a la escuela. Además, como si no fuera suficiente, la inseguridad que azota a la entidad ha convertido al transporte público en un espacio vulnerable, donde en los últimos días se han registrado ataques directos a distintas rutas como consecuencia del cobro de piso.

En Morelos, discutir un aumento al transporte público no puede reducirse únicamente al incremento en los costos del combustible, cuando durante años la ciudadanía ha enfrentado un servicio deficiente, inseguro y sin mejoras visibles. Antes de trasladar nuevamente la carga económica a los usuarios, resulta indispensable exigir compromisos reales de modernización, mantenimiento, respeto a las tarifas preferenciales y mejores condiciones de seguridad. Porque mientras no exista un servicio digno y eficiente, cualquier aumento seguirá percibiéndose como una medida injusta que profundiza el desgaste económico y social de miles de familias morelenses.