Jesús Ramírez 

Politólogo por la Universidad Autónoma del estado de Morelos

DOS AÑOS DE GOBIERNO Y UN PAÍS CON MIEDO:

El próximo domingo 31 de mayo de 2026, la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará su informe con motivo de los dos años de su administración, bajo el lema “La Honestidad da Resultados”. El mensaje presidencial estará centrado en cinco ejes principales: la defensa de la soberanía nacional, los Programas para el Bienestar, las reformas constitucionales impulsadas por su gobierno, la estrategia de seguridad y paz, así como la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

No obstante, más allá del discurso oficial, la realidad que enfrenta el país continúa marcada por problemas que siguen sin resolverse. De acuerdo con encuestas recientes, para una gran parte de los mexicanos los temas pendientes del actual gobierno siguen siendo la inseguridad, la corrupción y la economía, áreas en las que persiste la percepción de pocas acciones efectivas y resultados insuficientes para mejorar las condiciones del país.

A ello se suma el incremento en los índices de violencia e inseguridad en distintas regiones del país, situación que ha provocado críticas hacia la estrategia de seguridad del gobierno federal y un creciente sentimiento de incertidumbre entre la población.

Este informe, llega en un contexto poco favorable para la mandataria federal. En los últimos meses, su nivel de aprobación ha registrado una disminución de siete puntos porcentuales, derivado principalmente de diversos temas que han marcado el debate público y el desgaste político de su administración.

El primero de ellos es la presión ejercida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que el gobierno mexicano intensifique las acciones contra el crimen organizado. En distintas ocasiones, el mandatario estadounidense ha advertido que, de ser necesario, su gobierno estaría dispuesto a intervenir directamente para combatir al narcotráfico, una postura que ha generado tensión diplomática y cuestionamientos sobre la capacidad del Estado mexicano para enfrentar la crisis de seguridad.

El segundo tema gira en torno a la investigación emprendida por autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de su administración, señalados presuntamente por colaborar con el Cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios. Se trata de un asunto particularmente delicado para el gobierno federal, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino porque Rocha Moya forma parte del mismo partido político que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su campaña sostuvo como uno de sus principales compromisos el combate a la corrupción y la política de “cero impunidad”.

El tercer tema está relacionado con el fallecimiento de dos agentes de la CIA en la sierra de Chihuahua, hecho que expuso presuntas operaciones coordinadas entre dicha agencia estadounidense y la fiscalía estatal para desmantelar un narcolaboratorio. El caso rápidamente se convirtió en un asunto de relevancia nacional e internacional, al abrir el debate sobre la participación de agencias extranjeras en territorio mexicano sin contar con la autorización correspondiente del gobierno federal.

El cuarto punto, y quizá el más reciente y delicado, es la investigación y detención de diversos funcionarios del estado de Morelos, señalados presuntamente por mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entre las personas detenidas destaca incluso una consejera estatal de MORENA, situación que ha generado una fuerte controversia política en la entidad.

Aunado a ello, versiones surgidas en el ámbito político y mediático señalan que dichas detenciones estarían relacionadas con una investigación emprendida por autoridades estadounidenses contra la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien presuntamente aparecería dentro de una lista de funcionarios bajo investigación por posibles vínculos con estructuras delictivas. Los señalamientos apuntan a un supuesto financiamiento del crimen organizado durante la campaña electoral que la llevó al triunfo, acusaciones que, de confirmarse, representarían uno de los mayores golpes políticos para el partido gobernante y para el discurso anticorrupción promovido por la actual administración federal.

El quinto punto, y probablemente uno de los que más ha impactado en la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum por la cercanía política de los involucrados, es el caso de Adán Augusto López y sus presuntos vínculos indirectos con el grupo delictivo conocido como “La Barredora”. De acuerdo con diversas investigaciones y versiones periodísticas, Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como encargado de la seguridad pública en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López como gobernador, habría sido identificado como líder de dicha organización criminal.

Este caso ha generado una fuerte controversia política, debido a que Adán Augusto López es considerado uno de los principales operadores y figuras cercanas al movimiento de la Cuarta Transformación. Por ello, los señalamientos no solo han provocado cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad implementada en Tabasco durante aquel periodo, sino también sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de los gobiernos emanados de MORENA.

La acumulación de estos hechos ha colocado al gobierno federal en una posición compleja, en la que el discurso de combate a la corrupción, la impunidad y el crimen organizado enfrenta cada vez mayores cuestionamientos por parte de la opinión pública. A dos años de administración, el principal reto para la presidenta Claudia Sheinbaum no parece ser únicamente mantener la narrativa de continuidad de la Cuarta Transformación, sino convencer a millones de mexicanos de que su gobierno puede ofrecer resultados tangibles frente a la inseguridad, la corrupción y la creciente presión internacional.